Reconozco que estoy un tanto atrasado con los temas de este blog. Creo haberme excusado alguna vez por esta inconstancia. Espero no tener que abandonar esta obra que empecé hace poco más de un año, ya que siento que debo poner mi grano de arena y contribuir al progreso material y espiritual de mi país y del mundo.

Pero vamos a lo nuestro. Hace algún tiempo el Tribunal Constitucional de mi país dictó sentencia en lo relativo a la polémica “píldora del día después”, anticonceptivo de emergencia que fue impugnado por un grupo de diputados pertenecientes a la derechista Alianza por Chile por su pretendido carácter abortivo. El fallo del TC, que debía decidir si la píldora en cuestión era o no abortiva, fue resuelto en votación dividida inclinándose por considerar que, habiendo dudas del efecto abortivo de la pastilla debía primar el derecho a la vida, por lo que se prohibió su distribución en el sistema público de salud.

Lo que vino después es conocido por todos: protestas, enfrentamientos, debates en los medios, acusaciones mutuas. Al final, haciendo una interpretación un tanto antojadiza del fallo, se llegó a la conclusión que las Municipalidades, en cuanto entes autónomos, no les afectaba el fallo, así que podrían distribuirla sin mayor problema.
 

Mi ex profesor de Derecho Constitucional, pese a tener una posición liberal respecto del tema, consideró que el fallo del Tribunal Constitucional es un aporte a la democracia. ¿Por qué, diría uno, si lo que hace es negarles el acceso a la píldora a las mujeres de manos recursos del país? Su argumento fue que puso en el tapete la discusión acerca de lo que queremos como sociedad en cuanto a nuestra institucionalidad.

Pensando en lo que dijo el maestro, he llegado a la conclusión de que estamos en un período "bisagra" en cuanto a la discusión político social en nuestro país. Será porque tenemos a la primera mujer presidenta, será por las protestas que últimamente están ocurriendo, lo cierto es que hay un ánimo por parte de la llamada sociedad civil de que es necesaria una reforma, adaptar nuestras instituciones a lo que realmente queremos como nación.

Es opinión común en Chile que su Constitución es ilegítima. Somos el único país del mundo democrático regido por un estatuto fundante creado por una dictadura, la del general Pinochet. Lo curioso (o triste) del caso es que la historia es reiterativa en esto, particularmente en el caso de las constituciones de 1833 (en rigor una seudoconstitución) y 1925, claro que en este último caso la dictadura se disolvió antes del retorno de Alessandri. Lo importante del caso es que hoy la gente quiere una democracia verdadera, y no una parodia de democracia que es lo que hoy existe en Chile.

¿Cuál es el deseo de la sociedad nacional? Podrán decirse varias cosas, pero básicamente se reducen a cuatro: trabajo, salud, educación y seguridad. La mayor parte de la gente está de acuerdo que es en esos temas en los que el gobierno o la clase política deben poner atención. Sin embargo, más allá de estas premisas, creo ver algo que trasciende a estas aspiraciones. Yo veo que en verdad hay un motivo oculto detrás de ello, y me atrevo a sostener que estas cuatro peticiones ciudadanas se reducen a una sola: mayor participación popular.

La Constitución chilena no permite una participación popular como debe ser. Este es el quid del asunto: debemos hacer una reforma que permita que la participación ciudadana tenga el lugar preeminente que se merece en el orden institucional chileno. Las razones por las cuales esta constitución no permite la participación ciudadana pueden ser varias, pero la principal de todas es que hay un temor instalado en la elite dirigencial de que abriendo los espacios de participación ciudadana pueda colarse el fantasma del marxismo.

Hay cuatro elementos que dan para pensar en que la intencionalidad de los constituyentes es evitar a toda costa la participación popular en la política nacional. Tales son:

1. Existencia de un Congreso muy disminuido frente a la figura del Presidente de la República. Esto es lo que se conoce como hiperpresidencialismo, que no es más que la reiteración y acomodo al modelo democrático de la figura del monarca absoluto en el sistema indiano.

2. Protección desigual de derechos. La Constitución chilena da demasiada atención a los derechos económicos y de propiedad, mientras que no reconoce el derecho al trabajo o protege muy por encima los derechos a la salud y la educación.
3. Centralismo territorial y funcional. El hecho de ser gobernados por una elite residente en la capital ha marcado la forma de gobernar nuestro país. Chile desde hace mucho tiempo ha sufrido una suerte de favoritismo por parte de las autoridades centrales hacia la ciudad de Santiago, mientras que el resto de las regiones sufre un relativo olvido. Por otra parte, y aparte por ser un estado unitario, hay una excesiva concentración de competencias en las autoridades centrales, mientras que las autoridades locales, generalmente designadas por la autoridad central, son casi meros cumplidores de las políticas elaboradas en el centro.
4. Criminalización de los movimientos ciudadanos. No hablo de los vándalos que tiran piedras y desprestigian la participación ciudadana. Hablo de la incesante persecución que las clases dirigentes han realizado en contra de las personas y agrupaciones que han buscado aperturas y reformas. Pasó con la Sociedad de la Igualdad en el siglo XIX, pasó con las mutuales, las mancomunales, los sindicatos, etc. Hoy en día, si bien no es delito agruparse, pasa mucho que la autoridad niega el permiso constitucional de petición o reunión, usando (o abusando) de la fuerza policial en las manifestaciones.

Una duda a resolver sería establecer el método por el cual podría lograrse esta reforma. Hay dos caminos posibles sin tener que llegar a la guerra civil: el primero, preferido por el profesor que mencioné recién, es la reforma gradual por la vía legislativa, la cual tiene en un mismo elemento su pro y su contra: la reforma se legitima en el órgano de representación popular que es el Congreso, pero que está consagrado en la misma constitución que se quiere reformar. La segunda alternativa, que es la que suscribo, es la convocatoria de una Asamblea Constituyente que reemplace de raíz la vieja institucionalidad por una nueva y acorde a los sentires populares, pero cuya debilidad radica en que para su convocatoria se requiere un quiebre institucional grave, además de que puede dar pie para la aparición de populismos que poco ayudan a la democracia.

Un tema esencial de la reforma es el contenido que debe tener la nueva carta fundamental. No es fácil establecer contenidos si queremos ser consecuentes con el ideal democrático, ya que uno de los elementos de la democracia es la diversidad de opiniones y esta diversidad puede conspirar en cuanto al acuerdo, produciéndose conflictos en cuanto a intereses (ej: libertad v/s igualdad v/s seguridad).  Una Asamblea Constituyente que se precie de ser democrática puede caer en un inmovilismo indeseado si procura hacer conciliar todas las posiciones. Asimismo, las personas y los grupos suelen caer en dogmatismos políticos que impiden a veces que ciertos temas sean considerados o hacen que se ponga demasiada atención en otros.

Es más fácil, a mi juicio, establecer los contenidos que no deben ser considerados. El más importante de esos contenidos prohibidos es la imposición de visiones dogmáticas del Estado y la sociedad, tal como quisieron hacerlo los seudoconstituyentes de 1833 y 1980. También debe desterrarse de todo texto constitucional que se precie de tal la existencia de mecanismos y artilugios que falseen la democracia o excluyan a grupos determinados. Entre esas artimañas está claramente identificado el sistema binominal, pero también hay otros ingenios como las supermayorías o quórums especiales para ciertos tipos de leyes como las orgánicas constitucionales y las de quórum calificado, los impedimentos de los dirigentes sindicales para ser parlamentarios, la prohibición de los partidos o agrupaciones antisistema, etc. Otro tema que debe ser desterrado para siempre de nuestra constitución es la inclusión de las Fuerzas Armadas como capítulo autónomo y organismos para nada democráticos como lo es el Consejo de Seguridad Nacional (el mismo término “seguridad nacional” es antidemocrático, por lo que debería ser borrado de esta y todas las constituciones del orbe).

La nueva constitución para Chile debe ser una verdadera expresión de la voluntad soberana, que gire en torno a la participación ciudadana. Puede sonar grandilocuente, pero es esa la verdadera aspiración de la sociedad chilena: hacer sentir su aspiración de lo que debe ser el país y su institucionalidad. Creo que debemos aprovechar este momento cúlmine de la historia nacional para iniciar una reforma, ojalá una refundación del país.

¿Cuál es mi propuesta? Para mí una constitución que refleje de forma clara los deseos de mayor democracia y participación ciudadana debe partir, en primer lugar, reconociendo verdaderos derechos y garantías, y no sólo reducirse a libertades. Hay derechos en los cuales el Estado debe ser un celoso vigilante, cuando no el principal proveedor. Tal es el caso de la salud, el trabajo y la educación, que no han tenido hasta el momento la protección y fomento, y que deberán tener un primerísimo lugar en cuanto a su regulación por el constituyente.

En cuanto a la educación, hay que dar auge a la sindicalización estudiantil, como una primera medida, con el objeto de que los alumnos puedan tener participación en las decisiones que toman los cuerpos académicos de escuelas y liceos, además de ser una primera preparación para la vida política y ciudadana. Asimismo, la nueva carta fundamental debe establecer como obligatoria la triestamentalidad en las universidades y demás institutos de educación superior, permitiendo que estudiantes y funcionarios se unan a los profesores en el manejo de los centros universitarios. Un elemento que no debemos dejar de mencionar es la obligación que le debe caber al Estado de que su educación sea gratuita en todos sus niveles, incluido el universitario. Otras medidas serían el fin del uniforme y de los inspectores en la educación escolar, la creación de una justicia para la educación, entre otras cosas.

En cuanto al trabajo, es hora ya de reconocer el derecho a huelga de los empleados públicos, así como su derecho a la negociación colectiva. Por otro lado, debe potenciarse la sindicalización destrabando algunas prohibiciones como las incapacidades parlamentarias. Es hora ya de que los sindicatos y las centrales sindicales recuperen su sitial dentro de la democracia chilena. Por otra parte, es necesario que el trabajo sea un derecho garantizado por el Estado, y no sólo el acceso a éste, sino también el derecho a una previsión de salud y vejez, una mayor protección a las mujeres embarazadas y madres, etc. Que el trabajo en Chile sea una fuente de satisfacción y no una carga.

En Chile hay una gran preocupación por el tema de la seguridad. Es hora ya de que la nueva constitución ponga énfasis en la lucha contra la delincuencia y la convierta en una política de Estado. Un punto importante sería el poder restaurar la pena de muerte para los delitos más graves. Sin embargo, este tema es una de las grandes divergencias que habría en una asamblea constituyente, ya que algunos apelarán a los compromisos que Chile tiene en materia de Derechos Humanos, y otros temerán que con esto Chile se convierta en un estado policial. Yo afirmo que, mientras tengamos un férreo control de las instituciones por parte de la ciudadanía, y mientras la mayoría del país quiere que el flagelo de la delincuencia sea cortado de raíz, no habrá riesgo de que la lucha contra el lumpen derive en una dictadura de facto.

Un derecho que debiera instalarse en Chile, aunque a algunos les horrorice, es el derecho al aborto. Basta ya de alharaqueos y acciones “en defensa de la vida”. Si una mujer es violada y queda embarazada ¿vamos a obligarla a cargar de por vida con el fruto de esa aberración? Yo creo que no. Aunque la criatura no tenga culpa, no podemos cagarnos a la madre. Por otra parte, es necesario despenalizar el auxilio al suicidio, considerando que el suicida es dueño de su vida y si quiere puede darle término audio no vea otra alternativa.

Pasando ahora al sistema de gobierno que deberíamos tener, y en virtud del gobierno ciudadano que queremos establecer no nos quedaría otra forma que el parlamentarismo. En América Latina los presidencialismos no han sido sino la continuación del absolutismo indiano, mezclado esquizofrénicamente con una institucionalidad democrática bastante débil. Por ello, es necesario que el ejecutivo tenga responsabilidad ante el órgano legislativo como una verdadera forma de control ciudadano de los actos del ejecutivo.

Un gobierno ciudadano debe ser descentralizado. Eso es fundamental. Sin embargo, históricamente se ha preferido la centralización, tanto por las políticas de las izquierdas como por los intereses de las derechas, deviniendo en los problemas ya analizados de favoritismo hacia la capital y olvido al resto del país. La nueva constitución debe trasformarse en una oportunidad sin precedentes para que por fin podamos tener un sistema de gobierno verdaderamente autonómico, como el modelo que hoy tienen España e Italia, con miras a que en el futuro Chile tenga un modelo federal. Para ello, las autoridades regionales, llámense intendentes, gobernadores, consejeros regionales, deben ser elegidas popularmente, sin intervención alguna del nivel central. Asimismo, deben aumentarse sus competencias, permitiendo que tengan poder de crear políticas regionales acordes a sus necesidades, sin que les imponga un molde que funciona sólo en la capital.

Por otro lado, es hora de reconocer la multiculturalidad del país. No sólo debemos dar autonomía y reconocimiento a los pueblos indígenas, que bastante han peleado para tener su espacio, sino también las regionalidades como Chiloé, Magallanes, el Norte Grande, Atacama, etc. Yo soy de la opinión de que decir que Chile es una sola nación es una cruel mentira. ¿O acaso todos los chilenos somos huasos? Típico ejemplo del centralismo que hoy nos rige.

Además, es hora de potenciar las municipalidades, que dejen de ser meros administradores y pasen a ser un verdadero gobierno local, con políticas de desarrollo y autonomía suficiente para cumplir con su cometido. Otra reforma importante sería el reconocimiento constitucional de las Juntas de Vecinos como organización de base para la participación ciudadana.

Por otro lado, la participación popular debe reflejarse en la posibilidad de que exista iniciativa popular de ley en ciertos temas. Creo que la sociedad civil chilena hasta el momento no ha sido escuchada por la clase política, y las leyes que hoy emanan de nuestros cuerpos legislativos no son lo que la ciudadanía espera de ellos. Por ello, es necesario dar esta posibilidad para que la democracia se perfeccione.

No alcanzo a hablar de otras instituciones que podrían hacerle bien a la democracia chilena, como el Defensor del Pueblo, la Defensoría de Víctimas, la instalación de una justicia militar que excluya a los Carabineros, la creación de una justicia tributaria que no sea juez y parte como lo es hoy. Otro día puedo desarrollar esos temas. Pero una cosa es clara: el modelo político que nos rige hoy día está dando muestras de agotamiento, y si no nos preparamos para hacer las transformaciones necesarias, va a llegar la catástrofe y las consecuencias no las quiero imaginar.